En un contexto donde la conciencia social sobre el bienestar animal crece, el bufete Olivera Méndez y Asociados ha realizado una jornada informativa para clarificar el alcance de la Ley de Protección y Bienestar Animal y las sanciones asociadas a su incumplimiento. Los expertos subrayan que esta normativa representa un cambio de paradigma, reconociendo a los animales como seres sintientes y no como meros bienes.
La abogada Carla Olivera, socia principal, explicó que la ley establece obligaciones concretas para los tenedores de animales de compañía. "No se trata solo de no causarles daño físico. La ley exige proporcionarles alimentación adecuada, atención veterinaria, condiciones de alojamiento dignas y, muy importante, no abandonarlos", detalló. El abandono, según precisó, constituye una de las infracciones más graves y puede conllevar sanciones ejemplares.
En cuanto a las sanciones, el socio Juan Méndez desglosó la tipificación en tres niveles: leves, graves y muy graves. Las infracciones leves, como no identificar correctamente al animal con microchip, pueden acarrear multas de hasta 1.000 euros. Las graves, que incluyen el maltrato o la falta de atención veterinaria esencial, pueden suponer sanciones económicas de entre 1.001 y 10.000 euros, e incluso la inhabilitación temporal para la tenencia de animales.
"El núcleo más duro de la ley", advirtió Méndez, "son las infracciones muy graves". Estas comprenden el maltrato con ensañamiento que cause la muerte del animal, su utilización en peleas o el abandono en condiciones que pongan en grave riesgo su vida. Las multas pueden ascender a 50.000 euros, acompañadas de inhabilitación permanente para la tenencia y posibles penas de prisión, ya que estos hechos pueden ser constitutivos de delito según el Código Penal.
Los abogados hicieron especial hincapié en la responsabilidad de todos los ciudadanos. "La ley otorga a cualquier persona la legitimación para denunciar presuntos malos tratos. Las administraciones y las fuerzas de seguridad están obligadas a actuar", recalcó Olivera. Asimismo, destacaron que la normativa afecta también a establecimientos como criaderos, tiendas de animales y protectoras, sujetándolos a estrictos controles de bienestar.
Olivera Méndez y Asociados concluyó la sesión con un mensaje claro: la tenencia de un animal es una responsabilidad legal de primer orden. La ignorancia de la ley, recordaron, no exime de su cumplimiento. Con esta clarificación, el bufete busca promover una tenencia responsable y evitar que dueños bienintencionados incurran en infracciones por desconocimiento, al tiempo que subraya el firme compromiso del legislador con la protección efectiva de los animales.
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